Hace unos días nos llegaron inquietantes noticias de una administración pública en Aragón que parece haber decidido que los funcionarios aprobados en un proceso de estabilización de empleo temporal son funcionarios “de segunda”, y no tienen todos los derechos que tendría cualquier otro funcionario, en particular, en cuanto al régimen de excedencias.
Por ahora llamaremos X a esta entidad, pero para tranquilidad de la mayoría de los lectores diré que NO es el Ayuntamiento de Zaragoza. Aunque me consta que también en X hay lectores ávidos de este blog donde espero que resuene este post con la misma contundencia con la que está escrito.
Cómo se ha llegado a esa conclusión de que hay funcionarios de primera y funcionarios de segunda por parte de las autoridades políticas de X es un misterio hasta para los propios funcionarios dedicados a la gestión de personal en X, pero no puede menos que ser denunciado públicamente.
Y la cosa es que X parece haber decidido que sus funcionarios de carrera aprobados fruto de procesos de estabilización de empleo temporal están en régimen de “cadena y bola”, es decir, atados de pies y manos a X como si de una relación tóxica se tratase en la que no hay escapatoria, y ha decidido denegar las excedencias a las que se tiene legítimamente derecho sin otro fundamento que el que son plazas de “estabilización”. Da igual que cumplas los requisitos objetivos que fija el TREBEP y su normativa de desarrollo, X entiende que estás encadenado a la mesa hasta el fin de tus días porque la plaza la sacaste en un proceso de estabilización.
¿Acaso las plazas tienen una configuración jurídica diferente? ¿Acaso no tienen la misma condición de funcionarios de carrera una vez superado el proceso que los que lo han obtenido vía oposición libre o vía concurso-oposición clásico? ¿O a través de otros procesos de estabilización de empleo temporal anteriores?
Básicamente, según la doctrina de X, un funcionario de carrera tiene algunos derechos o deja de tenerlos según en qué tipo de proceso se ha sacado la plaza.
¿Quizá se trata de una maniobra para amedrentar y que esos funcionarios renuncien en favor de otros que han quedado a las puertas?
Veremos en qué queda la cosa pero esperamos que no cunda el ejemplo y que haya un reculamiento discreto y sin pasar a mayores y no una confrontación directa con funcionarios que no por estar recién aprobados van a dejar que se les pisoteen sus derechos.