Oposiciones ActurEl pasado 23 de septiembre la Plataforma de Trabajadores Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) presentó ayer ante la Fiscalía provincial una denuncia penal tras conocer que el Ayuntamiento iba a reanudar los procedimientos de selección de estabilización de empleo público pendientes:
La actuación se anunció mediante una rueda de prensa en la que acusaban al Ayuntamiento de organización criminal, prevaricación, y una serie de más de delitos sin apuntar prueba o indicio alguno:
En la rueda de prensa el abogado de la PTTAZ Fruitós Richarte, ex magistrado suplente (interino que nunca consiguió plaza en la carrera judicial) asegura que era a la Fiscalía a quien le correspondía investigar sus conjeturas de que había una trama de corrupción que incluía incluso a funcionarios que se dedican a la preparación de oposiciones.
La realidad es que la Fiscalía, siguiendo uno de los principios más básicos del Derecho que es el affirmanti incumbit probatio, que se podría traducir como “a quien afirma le corresponde demostrar”, o “quien acusa prueba”, ha archivado sin más trámite la denuncia por no haberse acompañado de indicio alguno más allá de cabilaciones sin fundamentar ni siquiera mínimamente.
En paralelo, continúa la tramitación como proyecto de Ley del “plan Iceta”, que ya ha finalizado el plazo de enmiendas al articulado y está pendiente de informes sobre la legalidad de esas enmiendas para su votación.
