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Cambios en la Ley 11/2023 de uso estratégico de la contratación en Aragón

Esta semana aparecía publicado en el BOA el Decreto-Ley 2/2023, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, que nos trae novedades sobre la contratación pública aragonesa.

Según la exposición de motivos de este Decreto-Ley, las finalidades de la reforma son estas:

  • En primer lugar, corrige la deficiente definición del ámbito subjetivo de aplicación de la
    Ley, que se ha puesto de manifesto en la práctica.
  • En segundo lugar, profundiza en la simplificación y mejora de los procedimientos de licitación.
  • En tercer lugar, acompasa el texto a la normativa básica de una forma más precisa y
    elimina problemas de aplicación práctica que dificultan a ciertas entidades el cumplimiento de varios de sus preceptos.
  • Y, en cuarto lugar, mejora la redacción y matiza conceptos y terminología que ha llevado a equívocos, produciendo confusión a los órganos gestores y ambigüedad en su
    aplicación.

Esta misma exposición de motivos explica ya bastante bien los cambios, pero a modo de resumen sintetizamos lo más relevante así:

  • Concreta su ámbito de aplicación en el art. 2 sólo para los poderes adjudicadores, en los términos de la LCSP
  • Elimina la referencia a la Junta Consultiva de Contratación cuando habla de la jurisprudencia en el art. 4, ya que sus dictámenes son únicamente consultivos
  • Elimina la obligación a las entidades locales de elaborar un catálogo de cláusulas sociales, ambientales, innovadoras etc. que establecía el art. 24, y lo deja sólo como una obligación autonómica
  • Se modula bastante el tema de respetar la indemnidad en las condiciones laborales, es decir, el tener que mantenerle a los trabajadores de la empresa que presta el servicio las mismas condiciones de convenio etc., que tenían cuando se subrogan en una nueva empresa que se lleva la licitación, por la inseguridad jurídica que suponía para el licitador el poder prever y cuantificar esas condiciones más allá de lo estrictamente salarial
  • Se homogeneiza la terminología con la LCSP, por ejemplo, cuando la LCSP habla de “criterios sujetos a juicio de valor” o “criterios sujetos a valoración mediante fórmulas aritméticas”, que la ley aragonesa llamaba “criterios sometidos a evaluación previa” y “criterios sujetos a evaluación posterior” respectivamente. Ahora todo tendrá el mismo nombre, lo cual siempre es de agradecer.

En total, toquitean 26 artículos, la mayoría con cambios poco sustanciales pero aun así suficientes para hacerle una nueva impresión en cuanto salga consolidada en el BOE, que todavía no lo está… Los que habéis estudiado ya esta norma estad atentos al mapa de actualizaciones normativas que tenéis en Moodle y al email que os avisaremos cuando esté lista para recoger la nueva normativa.

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